La ciudad de Victoria de Durango en materia de vialidad no solo se caracteriza por su escaso y deficiente planeamiento, por contar con una fuerza policial y de tránsito corrupta y mal preparada, también por la ambigua participación de quienes se supone deben resolver los problemas en dicha materia.
El regidor Gabriel Montes Escalier, haciendo gala del torpe pensamiento conservador de derecha que priva en la función pública del país, propone que las multas para los conductores que violen el Reglamento Municipal de Tránsito y Vialidad al conducir un vehículo cuando se ha superado el límite permitido de alcohol en la sangre puedan alcanzar montos por encima de los trece mil pesos. La lógica que según él sigue para tal propuesta es la intimidación hacia los jóvenes, evitando que estos puedan de manera irresponsable y temeraria abordar una unidad en estado inconveniente con los riesgos que ello conlleva.
En primer término deberíamos decir que el temor hacia el estado nunca ha sido una herramienta eficaz para la prevención de faltas y delitos, mucho menos cuando este no tiene la calidad moral para inspirar respeto, cuando menos eso, y no solamente por las múltiples y reiteradas faltas cometidas durante el proceso electoral que los llevo a sus posiciones actuales sino porque han desempeñado tales funciones siguiendo principios distintos a los de su discurso, me explico:
En la ciudad hay una evidente exageración de licencias para expendios de bebidas embriagantes, los cuales de ellos por cierto son propiedad de las empresas cerveceras, deberían en principio de cuentas poner orden en el tema y de paso reducir la oferta.
Los agentes dedicados a tareas de tránsito están mal pagados y peor aún, su formación como guardianes del orden y la ley es deficiente al grado que es una de las fuerzas mas corruptas de todo el país, si ya ahora son terriblemente propensos a la extorsión ahora imagínense sus alcances cuando el monto de la multa ronda los 300 salarios mínimos, agreguemos a esto que al municipio le parece correcto requisar provisionalmente el vehículo de manera totalitaria e ilegal, cuando lo correcto (ver lo que se hace en el DF) es brindar la posibilidad de que un tercero de confianza del infractor y en condiciones físicas adecuadas lo conduzca a donde crea pertinente, caso contrario pues si hacer uso de la grúa para remolcarlo, y el raciocinio es simple, el infractor es el individuo no su autotransporte, es obvio que la estructura de la dependencia y las empresas que prestan el servicio de grúas estan alíadas para perpetrar este atraco.
No existe la infraestructura para garantizar el respeto de los derechos de los conductores, el uso del alcoholímetro esta reservado para las instalaciones de la DMSP, cuando la realidad es que dichos dispositivos deberían permanecer permanentemente operados por un especialista en los retenes, ilegales pero necesarios dicen algunos, que monta la dependencia para filtrar a los automovilistas.
Los taxis al día de hoy son un medio de transporte inseguro, funciona una gran cantidad de los que transitan por la noche como extensiones del narcomenudeo, no reciben cursos de capacitación para la atención a los usuarios, los taxis rosas para las mujeres son tan escasos que nunca he visto uno de noche, al grado que he llegado a pensar que son un mito urbano. Finalmente que en este punto podría extenderme por días, pese a que se concede un aumento anual o semestral a las tarifas del transporte, nunca, por ignorancia, necedad o complicidad, se ha exigido a los transportistas provean de un seguro de usuario ni mucho menos se entrega un recibo por la prestación del servicio.
La estrategia que ha funcionado en otras latitudes para la disminución de los accidentes viales ligados al alcohol ha estado siempre relacionada con con el desarrollo de infraestructura urbana que permita a quienes desean consumir alcohol hacerlo de forma segura y donde existan accesos preferentes a medios de transporte eficientes y seguros. También es evidente que mucho pasa por la educación del individuo y las alternativas que este tiene para desarrollarse plenamente.
Gabriel Montes Escalier se equivoca cuando piensa que medidas arbitrarias, emanadas de un razonamiento obtuso y anticuado resolverán un problema de salud pública que esta mas ligado a la ineficiencia del estado que a su poder coercitivo, aunque habremos de reconocer que él pueda tener datos de primera mano en el tema del alcoholismo juvenil, pues lo ha utilizado desde hace años como mecanismo de promoción electoral entre la comunidad estudiantil, por supuesto no ha sido mediante campañas de conciencia.
